UE quiere aprobar pacto de inmigración

Los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) buscaban el jueves en Bruselas alcanzar un acuerdo sobre la denominada "Tarjeta azul", inspirada en la "Green Card" estadounidese, que busca facilitar la llegada de mano de obra calificada de países de fuera del bloque.
Durante la reunión, los ministros tenían previsto además aprobar el "Pacto Europeo de Inmigración" presentado por Francia en julio pasado y cuyas líneas generales ya recibieron el apoyo de los 27 miembros de la UE.
"El Pacto es un recordatorio de un cierto número de principios: organiza la inmigración legal, desorganiza la inmigracion ilegal y vuelve a Europa más protectora de cara a aquellos que no son protegidos en sus países", dijo el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, cuyo país ejerce la presidencia de la UE, al llegar a la reunión en Bruselas.
La idea del pacto es instaurar reglas comunes para regular la inmigración laboral, reforzar los controles en las fronteras del bloque, facilitar el regreso a sus países de origen a quienes hayan logrado entrar en Europa y armonizar las exigencias para los pedidos de asilo.
En cuanto a los puntos más polémicos, el referido a las regularizaciones de clandestinos fue levemente flexibilizado para admitir los casos por razones económicas, y la idea de un "contrato de integración" con obligación de aprender la lengua del país de recepción fue retirada.
El debate estaba aún más abierto para la denominada "Tarjeta azul", cuyo objetivo es atraer a Europa a inmigrantes altamente calificados que cumplan con una serie de requisitos, entre ellos ganar un salario superior de 50% al ingreso medio del país en el cual pretendan trabajar.
"El principio es alentar la movilidad de capacidades y no la fuga de cerebros", explicó Hortefeux.
Sin embargo, las personas que obtengan este permiso de trabajo no podrán cambiar de país europeo con facilidad y deberán aplicar para una nueva "tarjeta azul", siguiendo los mismos criterios de selección.
El pacto y la "tarjeta azul" se enmarcan en un paquete de iniciativas de la UE para controlar mejor sus flujos migratorios, que tiene como medida más polémica la "Directiva Retorno", que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa con periodos de retención de hasta 18 meses.
Esta legislación ha provocado una reacción de protesta unánime en América Latina, la última de ellas manifestada mediante una declaración suscrita por los gobiernos de los once países de Sudamérica el pasado viernes en Montevideo.