En un comunicado especial, los jefes de Estado y de Gobierno expresan la "determinación" de Iberoamérica de "contribuir activamente en un proceso de transformación profunda y amplia de la arquitectura financiera internacional que establezca instrumentos de prevención y respuesta inmediata ante futuras crisis y garantice una regulación eficaz de los mercados de capitales".
También destaca la importancia de la "participación universal, democrática y equitativa en el debate y solución de la actual crisis financiera internacional".
Los gobernantes dieron atención particular a la necesidad de coordinar y concertar acciones con la participación de los países en desarrollo para afrontar esta situación.
Acordaron coordinar posiciones ante la próxima Conferencia de Doha sobre Financiación para el Desarrollo.
Expresaron la urgencia de una conclusión equilibrada para las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha, tomando plenamente en consideración los intereses de los países en desarrollo, eliminando las prácticas distorsionantes, especialmente en el sector agrícola, y que afectan a los países en desarrollo.
Resalta la importancia de mantener canales de comunicación fluidos y ágiles entre los gobiernos de la comunidad iberoamericana, a fin de compartir información sobre la evolución de la crisis y los efectos económicos y sociales en los países en desarrollo.
Recuerda, además, "la responsabilidad del sistema financiero de los países desarrollados en la actual crisis" y destaca la importancia de que la comunidad iberoamericana "participe activamente en la determinación de la respuesta internacional, necesaria para la recuperación de la estabilidad financiera".
También señala el documento que aunque varios países de Iberoamérica están "en mejores condiciones que en el pasado para enfrentar los desafíos que representa esta crisis financiera, no deben subestimarse sus potenciales efectos sobre el sector real de la economía, ni sobre la estabilidad política y social de la región".
Los líderes reafirmarán su compromiso de "tomar las medidas necesarias para proteger el empleo y la inversión, garantizar la disponibilidad de financiamiento para las actividades productivas e impulsar políticas sociales" sobre todo dirigidas a los sectores más vulnerables de sus sociedades.
Instruyeron, además, a la Secretaría General Iberoamericana para prestar toda la colaboración a su alcance y promover los diálogos considerados oportunos por los Gobiernos de los Estados miembros para el cumplimiento de los objetivos marcados.